La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, establece un marco jurídico destinado a proteger tanto a las personas voluntarias como, especialmente, a los colectivos destinatarios de la acción voluntaria. En este contexto, el artículo 8.5 adquiere una relevancia fundamental al fijar los límites de acceso al voluntariado en aquellos programas que implican un contacto directo con personas especialmente vulnerables.
Dicho artículo determina que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos graves, entre los que se incluyen la violencia doméstica o de género, los delitos contra la vida, la integridad física y moral, la libertad personal o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge o de los hijos. Asimismo, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas y por delitos de terrorismo, cuando los programas de voluntariado estén dirigidos a personas que hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.
Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, la ley introduce la figura de la declaración responsable, un documento que la persona aspirante a voluntaria debe firmar manifestando, bajo su responsabilidad, que no posee antecedentes penales por los delitos mencionados. Esta declaración no es un mero trámite administrativo, sino un instrumento jurídico de gran importancia, ya que implica un compromiso expreso con la veracidad de la información facilitada y con los valores éticos que sustentan la acción voluntaria.
La firma de la declaración responsable refuerza la confianza entre las entidades de voluntariado y las personas voluntarias, al tiempo que actúa como una medida preventiva para proteger a los destinatarios de los programas. Además, en caso de falsedad u ocultación de información relevante, la persona firmante puede incurrir en responsabilidades legales, lo que subraya aún más la seriedad y trascendencia de este documento.
En conclusión, el artículo 8.5 de la Ley 45/2015 no solo establece una barrera de acceso basada en la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de las personas vulnerables, sino que también otorga a la declaración responsable un papel clave como garantía de transparencia, responsabilidad y confianza en el ámbito del voluntariado.
